la bolsa

viernes, 14 de septiembre de 2012

De Guindos advierte que están en riesgo las prestaciones sociales


El titular de Economía español avisa de que, si el rumbo de la economía no cambia en los próximos trimestres, peligra el actual estado del bienestar

Los sindicatos ven en las palabras del ministro una amenaza para las pensiones
El Ministro de Economía español, Luis de Guindos, elevó ayer el nivel de angustia general esgrimiendo la espada de Damocles de la precaria sostenibilidad del estado del bienestar. El responsable económico del gobierno presidido por Mariano Rajoy alertó en el Congreso que, si el rumbo económico de los últimos cinco años no varía en los próximos trimestres, el Estado no podrá garantizar ciertas prestaciones. Ante el pleno de la cámara española, De Guindos insistió en exculpar al ejecutivo popular del deterioro del estado del bienestar, un proceso que atribuyó a "la falta de crecimiento económico y de empleo".
La ominosa alocución de De Guindos era, de hecho, la respuesta a la interpelación de Alberto Garzón, portavoz económico del grupo Izquierda Plural, en el que se incluyen, entre otros partidos, ICV. En medio de muchos otros reproches y reivindicaciones, Garzón había reclamado "rescates" para la ciudadanía que sufre las mutaciones en el modelo social y la "socialización" de los problemas de la banca, que, en palabras de Garzón, ya se había ocupado de "privatizar" las ganancias de la burbuja inmobiliaria.
A todo ello De Guindos replicó que el objetivo de los responsables económicos españoles no son ni la prima de riesgo ni los bancos, sino "hacer que la economía vuelva a crecer y genere trabajo", condición sine qua non para mantener las prestaciones sociales actuales.

Un calendario lento
Aunque admitió los "sacrificios" exigidos a los ciudadanos y recordar que "habrá tiempo" para rehacer la economía, De Guindos subrayó que, para asegurar los servicios públicos del estado del bienestar, hay que garantizar primero el dinamismo del PIB y la mejora del mercado laboral.
Los sindicatos se apresuraron a responder las advertencias de De Guindos y los calificaron de "amenazas". Así lo expresó CCOO en un comunicado en el que denunciaba que las palabras del ministro "se alejan de las promesas del presidente español, Mariano Rajoy, de no tocar las pensiones", mientras, por su parte, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, opinó que las prestaciones ya están "más que amenazadas", porque Rajoy no ha sido "suficientemente claro" ni ha mostrado compromiso, sino ambigüedad sobre el futuro de las pensiones y el subsidio de paro.

El BCE controlará los bancos de la zona euro en 2014
José Manuel Durão Barroso no cede a la presión alemana y no quiere dejar ningún banco o caja europea, por pequeña que sea, fuera del control del futuro supervisor común. La Comisión Europea presentó ayer su propuesta para que el BCE vigile los 6.000 bancos de la zona euro y no sólo los de riesgo sistémico, como defendía Merkel para dejar al margen del control de Frankfurt las cajas de ahorros regionales y las cooperativas alemanas. Finalmente, Durão Barroso quiere que el BCE "tenga la última palabra" en la imposición de sanciones o la retirada de licencias, aunque podrá delegar en las autoridades estatales.
Según el calendario previsto por Bruselas, el nuevo supervisor ya debería ponerse en marcha el 1 de enero próximo, pero de momento se limitará a controlar las entidades que hayan recibido ayudas públicas. A partir de julio de 2013 vigilará todas las entidades con riesgo sistémico y el 1 de enero de 2014 supervisará también el resto. "El BCE deberá garantizar que los bancos respetan las buenas prácticas", defiende el eurocomissari de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier.
Este gran hermano bancario debe permitir que el dinero del fondo de rescate puedan inyectar directamente en los bancos con problemas sin tener que pasar por el Estado y agravar su deuda. "Las pérdidas de los bancos ya no se convertirán en deuda del pueblo, amenazando la estabilidad financiera de países enteros", proclamó Durão Barroso, que ahora necesita el visto bueno de los Estados miembros.