El gobierno propone aplicar un impuesto sobre la contaminación atmosférica
El incluye como una de las medidas fiscales a estudiar para adaptarse al cambio climático
También se grabarían la producción térmica y nuclear de electricidad
Cataluña podría poner en marcha un impuesto sobre la contaminación atmosférica, la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos, además de la tasa turística, para financiar medidas que reduzcan los impactos del calentamiento global.
Estas son algunas de las propuestas que incluye el documento que ha presentado el secretario de Medio Ambiente de la Generalitat, Josep Enric Llebot, que recoge más de un centenar de medidas que servirán para adaptarse al cambio climático, y que deberá aprobar el gobierno catalán a final de año, según informa Efe.
Actualmente, Cataluña sólo dispone de dos impuestos de carácter ecológico-el canon del agua y el canon sobre depósito de residuos urbanos-, pero no se descarta una nueva fiscalidad ambiental, que podría incluir también la figura del pago por servicios ambientales en sectores como el forestal, el agroganadero y el del agua.
Estrategia catalana de adaptación al cambio climático , el documento presentado por el secretario de Medio Ambiente, analiza los once sectores más frágiles para tratar de que Cataluña sea menos vulnerable a los cambios que se esperan, y que afectarán especialmente los Pirineos, donde la temperatura media podría aumentar tres grados, y el delta del Ebro, que vivirá cambios por el aumento del nivel del mar.
Con los ingresos obtenidos por esta fiscalidad medioambiental deberían conseguir los recursos públicos necesarios para alcanzar la financiación adecuada que permitiera la ejecución de las medidas de adaptación, que en definitiva proporcionarían más solidez a los sectores económicos.
Josep Enric Llebot señala que en el texto se analiza la situación del agua, la agricultura y la ganadería, la biodiversidad, los bosques, la industria y los servicios, la movilidad y la infraestructura de transporte, la pesca, la salud , el sector energético, el turismo, el urbanismo y la vivienda.
En cuanto a la tasa turística, el documento recoge esta medida ya aprobada por el gobierno catalán el mes de marzo con el impulso de la ley de medidas fiscales y financieras, que también incluía el euro por receta sanitaria, que ha entrado en vigor esta semana.
LAS CIFRAS
11 sectores más vulnerables al cambio climático ha analizado el gobierno en el documento estratégico de adaptación.
110 millones de euros anuales calcula el gobierno que le correspondería gestionar en relación con la subasta de derechos de emisión.
La UE pide una nueva fiscalidad
El ejecutivo de Mas remarca que la propia UE propone al Estado español la necesidad de avanzar hacia una nueva fiscalidad que, sin implicar un incremento en su presión, sea incentivadora de cambios de comportamiento hacia actitudes que reduzcan los impactos ambientales.
Para el documento estratégico se han tenido en cuenta experiencias de otros países, algunos de los cuales tienen una normativa jurídica específica para las políticas de cambio climático.
La Generalitat también reivindica gestionar los 110 millones de euros anuales que se prevé que se generen por la subasta de derechos de emisiones contaminantes en Cataluña.
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miércoles, 27 de junio de 2012
domingo, 13 de mayo de 2012
La CE ataca las autonomías y exige más recortes
La CE ataca las autonomías y exige más recortes
Rehn se niega, de momento, a dar una prórroga hasta el 2014 a Rajoy y culpa a las comunidades de la desviación
El Estado español incumplirá este año y el próximo el objetivo de déficit, que se mantendrá en el 6,4% y el 6,3%
Rajoy incumplirá, y por mucho, el objetivo de déficit tanto este año como el que viene, pero la culpa la tienen las autonomías, según Bruselas.
La Comisión Europea volvió a disparar ayer contra sus sospechosos habituales, los "gobiernos regionales", a los que culpó en gran medida del agujero de las finanzas españolas:
según sus cálculos, este 2012 el déficit público del Estado será de un 6,4% en vez del 5,3% exigido, una desviación de unos 11.000 millones de euros.
Y el año que viene el desfase de los números rojos aún podría ser peor, de más de tres puntos si no se suba el IVA ni se hicieran más reformas y recortes.
Inflexible, aunque la evidencia de que el Estado español no podrá cumplir el 3% el próximo año, el eurocomisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, se niega a dar oxígeno y margen de tiempo a Rajoy.
Bruselas descarta, de momento, conceder ninguna prórroga de un año, hasta el 2014, el gobierno del PP, a pesar de la revuelta contra la austeridad que sube desde París, con el asalto del socialista François Hollande a la Elíseo y su ofensiva diplomática para aislar Merkel.
Y no sólo eso: el 30 de mayo, Rehn podría imponer más recortes en el Estado y, en concreto, a las autonomías.
Semestre negro
Rehn pintó ayer, en la presentación de sus previsiones económicas, un segundo semestre negro para la economía española.
Pero negó que sea consecuencia de la sobredosis de austeridad recetada por él mismo y por la canciller alemana (y que si no está llevando España por el mismo camino que Grecia y Portugal al menos lo parece).
"Sería una lectura demasiado simplista, no podemos acumular deuda y más deuda, es esencial continuar la consolidación fiscal", repitió.
En Bruselas ha arraigado el mensaje, repetido incansablemente tanto por el PP como por el PSOE cumbre tras cumbre, que la culpa del déficit español es de las autonomías, que tienen la mano agujereada.
"Los gobiernos regionales, que aún no han especificado qué nuevos recortes harán, son los responsables de gran parte de la desviación", denunció Rehn, que incluso guiñó un ojo a Rajoy celebrando que su ejecutivo esté " ajustando fuerza a los objetivos ".
El eurocomisario finlandés pidió al gobierno de Mariano Rajoy que controle "de manera inmediata y rigurosa" la "gasto excesivo de las autonomías", para "reducir y minimizar el riesgo de que haya ninguna desliz".
Rehn desconfía sobre todo de las trece comunidades que en mayo del año pasado tenían elecciones y gastaron como si no pasara nada, mientras la Generalitat ya hacía "un recorte de proporciones nunca vistas", según admitió el propio portavoz del eurocomisario .
El déficit de la Seguridad Social también explica, según la CE, parte de la desviación de los números rojos, que el año que viene no bajarían del 6,3%, el doble del máximo permitido (estimación que Bruselas hace sin tener en cuenta que el PP ya ha adelantado que subirá el IVA).
30/05/12
Es cuando la Comisión Europea decidirá si impone al gobierno de Rajoy recortes adicionales o le alarga el plazo.
Evitar otro gasto excesivo
El 30 de mayo, después de haberse mirado con lupa las cuentas de las autonomías para evitar otro "gasto excesivo" y de asegurarse de que el gobierno español limpieza de una vez los nefastos activos inmobiliarios de sus entidades bancarias,
el eurocomisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, anunciará si da más flexibilidad al gobierno de Rajoy o si le impone más recortes.
Todo indica que hará, a la vez, ambas cosas: por un lado, asumir que el gobierno español necesita un año más de tiempo para sanear las cuentas, pero, por otro, exigirle a cambio de que apriete las comunidades autónomas.
La decisión final, sin embargo, también dependerá de si el flamante presidente electo de Francia, François Hollande, convence o no la canciller Merkel, en su primera reunión del martes en Berlín, y el resto de la derecha europea en la cena informal de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas el 23 de mayo.
Este lunes, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, le espera un tercer grado de sus homólogos del euro, que le exigirán más transparencia.
Rehn se niega, de momento, a dar una prórroga hasta el 2014 a Rajoy y culpa a las comunidades de la desviación
El Estado español incumplirá este año y el próximo el objetivo de déficit, que se mantendrá en el 6,4% y el 6,3%
Rajoy incumplirá, y por mucho, el objetivo de déficit tanto este año como el que viene, pero la culpa la tienen las autonomías, según Bruselas.
La Comisión Europea volvió a disparar ayer contra sus sospechosos habituales, los "gobiernos regionales", a los que culpó en gran medida del agujero de las finanzas españolas:
según sus cálculos, este 2012 el déficit público del Estado será de un 6,4% en vez del 5,3% exigido, una desviación de unos 11.000 millones de euros.
Y el año que viene el desfase de los números rojos aún podría ser peor, de más de tres puntos si no se suba el IVA ni se hicieran más reformas y recortes.
Inflexible, aunque la evidencia de que el Estado español no podrá cumplir el 3% el próximo año, el eurocomisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, se niega a dar oxígeno y margen de tiempo a Rajoy.
Bruselas descarta, de momento, conceder ninguna prórroga de un año, hasta el 2014, el gobierno del PP, a pesar de la revuelta contra la austeridad que sube desde París, con el asalto del socialista François Hollande a la Elíseo y su ofensiva diplomática para aislar Merkel.
Y no sólo eso: el 30 de mayo, Rehn podría imponer más recortes en el Estado y, en concreto, a las autonomías.
Semestre negro
Rehn pintó ayer, en la presentación de sus previsiones económicas, un segundo semestre negro para la economía española.
Pero negó que sea consecuencia de la sobredosis de austeridad recetada por él mismo y por la canciller alemana (y que si no está llevando España por el mismo camino que Grecia y Portugal al menos lo parece).
"Sería una lectura demasiado simplista, no podemos acumular deuda y más deuda, es esencial continuar la consolidación fiscal", repitió.
En Bruselas ha arraigado el mensaje, repetido incansablemente tanto por el PP como por el PSOE cumbre tras cumbre, que la culpa del déficit español es de las autonomías, que tienen la mano agujereada.
"Los gobiernos regionales, que aún no han especificado qué nuevos recortes harán, son los responsables de gran parte de la desviación", denunció Rehn, que incluso guiñó un ojo a Rajoy celebrando que su ejecutivo esté " ajustando fuerza a los objetivos ".
El eurocomisario finlandés pidió al gobierno de Mariano Rajoy que controle "de manera inmediata y rigurosa" la "gasto excesivo de las autonomías", para "reducir y minimizar el riesgo de que haya ninguna desliz".
Rehn desconfía sobre todo de las trece comunidades que en mayo del año pasado tenían elecciones y gastaron como si no pasara nada, mientras la Generalitat ya hacía "un recorte de proporciones nunca vistas", según admitió el propio portavoz del eurocomisario .
El déficit de la Seguridad Social también explica, según la CE, parte de la desviación de los números rojos, que el año que viene no bajarían del 6,3%, el doble del máximo permitido (estimación que Bruselas hace sin tener en cuenta que el PP ya ha adelantado que subirá el IVA).
30/05/12
Es cuando la Comisión Europea decidirá si impone al gobierno de Rajoy recortes adicionales o le alarga el plazo.
Evitar otro gasto excesivo
El 30 de mayo, después de haberse mirado con lupa las cuentas de las autonomías para evitar otro "gasto excesivo" y de asegurarse de que el gobierno español limpieza de una vez los nefastos activos inmobiliarios de sus entidades bancarias,
el eurocomisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, anunciará si da más flexibilidad al gobierno de Rajoy o si le impone más recortes.
Todo indica que hará, a la vez, ambas cosas: por un lado, asumir que el gobierno español necesita un año más de tiempo para sanear las cuentas, pero, por otro, exigirle a cambio de que apriete las comunidades autónomas.
La decisión final, sin embargo, también dependerá de si el flamante presidente electo de Francia, François Hollande, convence o no la canciller Merkel, en su primera reunión del martes en Berlín, y el resto de la derecha europea en la cena informal de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas el 23 de mayo.
Este lunes, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, le espera un tercer grado de sus homólogos del euro, que le exigirán más transparencia.
lunes, 2 de abril de 2012
La letra pequeña de los nuevos impuestos
Ésta es la letra pequeña de los nuevos impuestos
La amnistía fiscal parcial aprobada ayer por el Gobierno no se aplicará a aquellos contribuyentes a los que ya se hubiera notificado por parte de Hacienda el inicio de procedimientos de comprobación o investigación para determinar las deudas tributarias correspondientes.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hoy publica el real decreto ley que recoge las medidas tributarias para reducir el déficit público aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.
Según el BOE, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar una declaración para regularizar su situación tributaria.
Para ello, deben ser titulares de tales bienes o derechos con anterioridad al término del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.
Estos contribuyentes deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10 %.
Con esta amnistía fiscal parcial, que finaliza el 30 de noviembre, el Gobierno confía en recaudar 2.500 millones.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, el real decreto ley reduce temporalmente el límite máximo de la aplicación de las deducciones del 35 al 25 %.
Con las modificaciones de este impuesto el Gobierno espera ingresar 5.300 millones de euros.
Así, se elimina con carácter indefinido la libertad de amortización, que continuará existiendo sólo para pymes y en el caso de ampliación de plantilla, lo que tendrá un impacto positivo, según el Ejecutivo, de 840 millones de euros.
Asimismo, se elimina la posibilidad de diferir a otros ejercicios los beneficios fiscales, con lo que se recaudarán 210 millones, se cambia con carácter temporal el sistema de pagos fraccionados, 2.500 millones más, y se limita la deducción de forma indefinida por gastos financieros al 30 % de esta partida, siempre a partir del millón de euros, lo que suponen otros 1.050 millones.
Además, se establece un gravamen sobre los dividendos de fuente extranjera, que aportará 750 millones.
En cuanto al Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se modifican algunas definiciones y, en el caso de los cigarrillos, se revisa la estructura del impuesto, incrementando el peso del componente específico frente al componente «ad valorem», que se reduce en dos puntos.
Los cigarrillos serán gravados por un tipo proporcional del 55 % y un tipo específico de 19 euros por cada 1.000 cigarrillos, mientras que en la picadura para liar el proporcional será del 41,5 % y el específico de 8 euros por kilo.
El real decreto ley también recoge medidas para dotar de mayor autonomía financiera a los ayuntamientos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como medidas de carácter administrativo que contribuyan a generar ahorros en la gestión del patrimonio inmobiliario del sector público.
La amnistía fiscal parcial aprobada ayer por el Gobierno no se aplicará a aquellos contribuyentes a los que ya se hubiera notificado por parte de Hacienda el inicio de procedimientos de comprobación o investigación para determinar las deudas tributarias correspondientes.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hoy publica el real decreto ley que recoge las medidas tributarias para reducir el déficit público aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.
Según el BOE, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar una declaración para regularizar su situación tributaria.
Para ello, deben ser titulares de tales bienes o derechos con anterioridad al término del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.
Estos contribuyentes deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10 %.
Con esta amnistía fiscal parcial, que finaliza el 30 de noviembre, el Gobierno confía en recaudar 2.500 millones.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, el real decreto ley reduce temporalmente el límite máximo de la aplicación de las deducciones del 35 al 25 %.
Con las modificaciones de este impuesto el Gobierno espera ingresar 5.300 millones de euros.
Así, se elimina con carácter indefinido la libertad de amortización, que continuará existiendo sólo para pymes y en el caso de ampliación de plantilla, lo que tendrá un impacto positivo, según el Ejecutivo, de 840 millones de euros.
Asimismo, se elimina la posibilidad de diferir a otros ejercicios los beneficios fiscales, con lo que se recaudarán 210 millones, se cambia con carácter temporal el sistema de pagos fraccionados, 2.500 millones más, y se limita la deducción de forma indefinida por gastos financieros al 30 % de esta partida, siempre a partir del millón de euros, lo que suponen otros 1.050 millones.
Además, se establece un gravamen sobre los dividendos de fuente extranjera, que aportará 750 millones.
En cuanto al Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se modifican algunas definiciones y, en el caso de los cigarrillos, se revisa la estructura del impuesto, incrementando el peso del componente específico frente al componente «ad valorem», que se reduce en dos puntos.
Los cigarrillos serán gravados por un tipo proporcional del 55 % y un tipo específico de 19 euros por cada 1.000 cigarrillos, mientras que en la picadura para liar el proporcional será del 41,5 % y el específico de 8 euros por kilo.
El real decreto ley también recoge medidas para dotar de mayor autonomía financiera a los ayuntamientos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como medidas de carácter administrativo que contribuyan a generar ahorros en la gestión del patrimonio inmobiliario del sector público.
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