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lunes, 5 de marzo de 2012

Una inyección de 35.000 millones para saldar las deudas

Una inyección de 35.000 millones para saldar las deudas

Acuerdo del Gobierno y de la banca para acabar de raíz con la morosidad pública.
El Ejecutivo aprobó ayer las condiciones financieras de la macrooperación para saldar todas las deudas municipales y autonómicas.

Se movilizarán 35.000 millones para liquidar las facturas pendientes de pago de los consistorios y de las regiones.
La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría fue taxativa:
“Se va a proceder al pago inmediato a los proveedores de las facturas pendientes que tienen los ayuntamientos”, destacó tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los primeros pagos comenzarán a materializarse en mayo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, concretó que el interés será del entorno del 5% (el que paga actualmente el Tesoro, cerca del 3,5%, más un diferencial de 115 puntos básicos).
De Guindos anunció que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el ICO.
El importe al que puede llegar este mecanismo asciende, por ahora, a 20.000 millones de euros para las entidades locales.
El Gobierno se comprometió a que se podrá alcanzar una cifra similar para las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal del próximo martes.

De Guindos argumentó que “se inyectará liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento”.
La operación estará avalada por el Tesoro y contará con el “contraaval” de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales.
El procedimiento de préstamos es complejo, pero no lo sufrirán los proveedores, que han soportado años de retraso en los pagos, lo que ha generado una destrucción de miles de empleos y de cientos de empresas durante la crisis financiera.

Los proveedores cobrarán directamente las facturas de las entidades financieras, y no tendrán que asumir los intereses de la operación, con los que cargarán los ayuntamientos.
Eso sí, cobrarán antes los que asuman uan quita de la deuda voluntaria y no cobrarán los intereses de demora acumulados.
La medida también está pensada para evitar que las administraciones suspendan pagos.
Por ello, durante los dos primeros años, los ayuntamientos y las comunidades autónomas sólo tendrán que pagar los intereses (estarán eximidos de devolver el capital principal).

Cuando acabe este periodo, que ayudará a capear la asfixia financiera a los consistorios y a las comunidades en 2012 y en 2013,
éstas administraciones tendrán 10 años para devolver el capital principal junto con el interés fijado.
Sin embargo, esto no supondrá un golpe para las finanzas de los bancos.
De hecho, las entidades financieras recibirán todo los fondos en cinco años.
El Tesoro (con la garantía de que recortará las entregas a cuenta de los ayuntamientos a los municipios que no hagan frente a los pagos) avalará la macrooperación.

Esta iniciativa es la esperanza del Gobierno para reactivarla actividad económica cuanto antes.
Aunque no se conoce el impacto en el crecimiento de la iniciativa se ayudará a capear la fuerte recesión que se avecina y que llevará el paro a niveles cercanos al 25%.