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jueves, 3 de mayo de 2012

Morales asegura respecto a las inversiones de Repsol

Morales asegura respecto a las inversiones de Repsol
El presidente boliviano promete seguridad jurídica a la petrolera española porque la considera un socio estratégico para el país
La Paz acepta dialogar para establecer el precio justo de la eléctrica expropiada.
Antoni Brufau, presidente de Repsol, tuvo que esperar, el pasado martes, dos horas el presidente boliviano, Evo Morales.
Debían asistir juntos a la inauguración de una nueva planta de procesamiento de gas natural de Repsol, situada en Campo Margarita, en el sur de Bolivia.
Esta nueva planta permitirá a Bolivia incrementar las exportaciones de gas a la Argentina.
A Morales, le hizo llegar tarde el anuncio de expropiación de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España (REE).

A pesar de la situación kafkiana que se produjo, Morales aseguró a Brufau que no hay ninguna semejanza entre la empresa que dirige y la eléctrica que acababa de nacionalizar.
Que, por tanto, le garantizaba el respeto a las inversiones de Repsol, porque era un socio estratégico para el estado.
Morales puntualizó: "Bolivia necesita inversión y socios, pero no dueños de nuestros recursos naturales, ni dueños de nuestros servicios básicos."
Repsol ha invertido 456 millones de euros en la actual fase y, en una segunda, invertirá 502 millones más.

Hasta ayer, el gobierno español aseguraba que no había paralelismos entre la expropiación de YPF en Argentina y la de la filial de REE en Bolivia.
Incluso destacó que no se trata de un ataque en el Estado español, sino de una adaptación al ordenamiento constitucional boliviano.
Sin embargo, desde el ejecutivo de Rajoy se afirmó que se llegará "hasta donde se pueda llegar" en defensa de los intereses de empresas españolas.
Desde las filas socialistas sí que surgieron voces críticas y de preocupación por la expropiación, como también desde la Comisión Europea, que dijo que está "preocupada" por los hechos.
Sólo IU vio legítima la acción de Morales, y pidió que no se deteriore la relación con Bolivia.

De momento, la presión española y europea ha conseguido la promesa de diálogo del gobierno boliviano.
El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, confirmó ayer que se reconocerían las inversiones de REE y anunció la contratación de una empresa neutral que valorará los activos de la eléctrica española.
Esta ha invertido en TDE más de 67 millones de euros, casi lo que pagó cuando la adquirió (69 millones), en 2002.
Las demandas sociales acorralan el jefe del gobierno

La alianza entre campesinos indígenas, mineros, obreros fabriles y clases medias que en 2006 llevaron al poder Evo Morales ha comenzado a resquebrajarse.
La distribución de los beneficios de la bonanza económica ha desatado demandas cada vez más violentas, con decenas de manifestaciones diarias que encontraron su punto culminante durante las celebraciones del Día del Trabajo.
La Central Obrera Boliviana (COB), exaliada del gobierno, alabó la expropiación de la filial de la eléctrica española, pero ha rechazado en las calles el 8% de aumento salarial anunciado por el presidente.
Los sindicatos también repudiaron un decreto que incrementó de seis a ocho horas la jornada laboral de los médicos en los hospitales públicos.

El sector más beligerante, sin embargo, ha sido el indígena.
La convulsión social ha hecho aflorar las rencillas ancestrales que separan quechuas y aymaras en las zonas andinas y estos dos grupos de los guaraníes de las llanuras orientales.
La tensión se salió de madre con la guerra de los nativos de Beni (centro-norte del país) contra la construcción de una carretera en el territorio indígena Isiboro Sécure, en TIPNIS.
Los grupos más beligerantes comenzaron hace cinco días una marcha de casi 600 kilómetros en dirección a la capital, La Paz.
Se trata de la segunda gran movilización indígena del año contra el presidente Morales.