¿Qué hay alguien?
En la última semana la atención de los mercados se ha concentrado aún más sobre el Estado español, donde se han generado bastantes dudas sobre cómo financiar la recapitalización de Bankia y la reestructuración del sistema financiero.
Y esto sobre todo después de que (de manera oficiosa) el BCE descartara el plan del gobierno de Rajoy, que pretendía que el regulador bancario europeo dotara de liquidez Bankia contra la deuda del Estado, entregada a la entidad directamente sin pasar por el mercado.
Un plan que no ha hecho nada más que aumentar la especulación sobre la necesidad de un rescate y disparar la prima de riesgo.
Mientras damos vueltas al cargante tema de los eurobonos sí o eurobonos no,
¿qué hacemos con los bancos estatales que necesitan dinero público?
¿Se pueden suavizar los planes de ajuste?,
¿Y a cambio de qué?
Los cambios de posición y de estimaciones-sobre el déficit, sobre las necesidades financieras-en el Estado no ayudan a recuperar la confianza.
Y en Europa, las declaraciones se suceden y cada desmiente la anterior.
El clima de confusión es muy parecido al que ya se vivió en momentos del año pasado, pero la realidad es que ahora el riesgo es mucho mayor, tanto para la integridad del euro como para el crecimiento económico.
La pregunta, pues, es: ¿qué hay alguien?
¿Podría España afrontar sola la recapitalización del sistema financiero para las entidades que lo necesitan, que no son todas?
Aunque no hay cifras exactas de todo lo que supondrá, pero el consenso de mercado el cuantifica entre 50.000 y 70.000 millones de euros: 19.000 millones para Bankia; 20.000 millones en esquemas de protección de activos para el resto de entidades intervenidas pendientes de subasta
(Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia) y, posiblemente, hasta 30.000 millones de euros para otras entidades que requieran el apoyo estatal para cumplir el decreto de provisiones al crédito promotor.
Para esto último, los expertos independientes seleccionados por el gobierno español presentarán su auditoría agregada del sector a finales de junio, y se rumorea que la auditoría de entidad por entidad se habría avanzado de finales de septiembre a finales de julio.
Contando con los fondos actuales, se podría calcular una necesidad de emisión adicional de 25.000 a 30.000 millones de euros por el FROB.
Con más de 80.000 millones pendientes de emitir para el Estado y con la evolución de la prima de riesgo por encima de los 500 puntos básicos parece muy difícil que el FROB pueda conseguir estos recursos.
Parece muy complicado que la reestructuración bancaria se pueda hacer sin ayuda exterior, lo que sólo dejaría dos posibilidades: recapitalización directa de los bancos a través del fondo de rescate europeo-una vía a la que Alemania se opone y que requiere de la aprobación los parlamentos europeos-, y recapitalización indirecta desde el fondo pasando por el Tesoro español.
Esto supone un rescate encubierto y una condicionalidad más alta en las decisiones políticas (pérdida de soberanía), de modo que Rajoy se opone.
Al final, alguien tendrá que ceder, pero, hasta entonces, lo más probable es que se mantenga la presión sobre los activos de riesgo españoles y, de manera general, sobre los periféricos, y es poco probable que haya nada definitivo antes de las elecciones griegas del 17 de junio.
España no es Grecia, no necesita un rescate.
Nuestro sistema financiero tampoco es como el griego.
Sin embargo, la sombra del rescate planea cada vez más sobre el Estado.
Si el rescate es inevitable, ¿de qué manera se presentará, y cuál será el coste a asumir por el Estado español y por el euro?
La gestión de la crisis no permite, hasta ahora, fue muy positivo sobre estas dudas.
Ahora mismo estamos empezando a ver las primeras señales de decepción y dudas sobre el retorno del crecimiento y, cuanto más se alargue la crisis europea, peor.
