Los políticos que falseen las cuentas públicas podrán recibir penas de prisión de 1 a 4 años
El gobierno español aprueba un proyecto de ley para endurecer la lucha contra el trabajo irregular, la economía sumergida y el fraude fiscal
El ministerio pretende recaudar unos 1.900 millones de euros en dos años
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para estas conductas y para el fraude fiscal.
"Se acabó ir de listo por la vida y preguntar con toda alegría si la factura la quieren con IVA o sin IVA", declaró la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
Se trata, según dijo, de recuperar la confianza y la credibilidad y evitar que unos cuantos "se aprovechen los recursos de todos".
Así pues, para poner fin a estas prácticas y hacer aflorar la economía sumergida, el gobierno español refuerza la inspección laboral, endurece las sanciones y se amplía de 5 a 10 años la prescripción de los delitos.
Con estas medidas, el ministerio pretende recaudar unos 1.900 millones de euros en dos años.
Por otra parte, el proyecto de ley de transparencia, que ahora tramitará el Congreso de Diputados, posibilitará la inhabilitación de gestores públicos y su encarcelamiento.
El texto establece que los gestores públicos que falseen cuentas y de esta forma causen un "perjuicio económico a la administración" podrán ser imputados con una pena de prisión de uno a cuatro años, además de una inhabilitación de tres a diez años.
Hasta ahora sólo había inhabilitaciones de uno a diez años pero el Ejecutivo ha endurecido el proyecto después de analizar diferentes informes jurídicos.
Además, el gestor imputado con una sanción muy grave no podrá presentarse a las elecciones.
