El gobierno estatal endurece las condiciones de venta de preferentes a particulares
El ejecutivo popular exigirá un mínimo de 100.000 euros a quien quiera invertir en productos complejos
El Consejo de Ministros lo regulará próximo viernes
El gobierno español impondrá restricciones duras a la venta de preferentes a particulares, a los que exigirá el consentimiento de propia mano y, en algunos casos, también una inversión mínima de 100.000 euros.
El Ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó en una entrevista a Efe algunos detalles del real decreto que aprobará el gobierno al Consejo de Ministros del próximo viernes.
Este Real Decreto no sólo establecerá normativas nuevas para la venta de productos complejos de naturaleza híbrida, como es el caso de las participaciones preferentes, sino que, además, regulará la sociedad de gestión de activos-el llamado banco malo - y redefinirá el marco de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que dará una mayor capacidad de supervisión.
En este sentido, el gobierno popular no quiere que se vuelva a repetir el escándalo de las preferentes, un producto muy complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos a clientes particulares, muy a menudo sin conocimientos suficientes, ya veces incluso sin su consentimiento.
Hace un año, la banca estatal mantenía un saldo de 22.500 millones en estos productos financieros perpetuos-que no vencen nunca-y con su retribución relacionada con el hecho de que la entidad financiera registrara beneficios.
Más de un millón
Se calcula que más de un millón de clientes en todo el Estado vieron atrapados sus ahorros en las preferentes, según las asociaciones de consumidores, que han llevado el caso ante la justicia: "Estos productos, la mayoría de veces, son para inversores sofisticados, no para colocar a las redes bancarias.
"A partir del viernes, las entidades que coloquen participaciones preferentes a las sucursales deberán destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, como fondos de inversión, los cuales aplicarán las mismas condiciones que los particulares, para evitar discriminaciones.
Además, cuando la entidad emisora no cotice en bolsa, se exigirá al comprador una inversión mínima de 100.000 euros.
Fallos en la supervisión, no en la regulación
Las asociaciones de consumidores y afectados por participaciones preferentes criticaron ayer el anuncio del ministro de Guindos de regular la comercialización de estos productos.
Según estas asociaciones, el error ha sido la falta de supervisión de las entidades financieras y no su regulación.
Tanto Adicae como Facua-Consumidores en Acción y la Asociación para la Protección de Accionistas y Usuarios de Bankia (Apacbank) creen que con la ley del mercado de valores actual habría bastado para evitar el fraude cometido con las participaciones , si el Banco de España y las administraciones públicas hubieran velado por su cumplimiento.
A estas alturas, el Banco de España está negociando con Bruselas unas condiciones de canje por los afectados de las entidades estatizadas. De Guindos explicó que el producto que recibirán a cambio tendrá liquidez y unas condiciones "que compensan de alguna manera las desventajas de las preferentes".
